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Intervención sobre el papel de la Corte Penal Internacional

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Miércoles, 17 de octubre de 2012

El Representante Permanente para Naciones Unidas, Embajador Octavio Errázuriz, habló hoy en el Consejo de Seguridad en el debate abierto sobre Paz y Justicia con un enfoque especial en el papel de la Corte Penal Internacional.

Se refirió a que Chile es de la opinión que sin justicia no hay paz. “No es posible alcanzar la paz sin la justicia y la justicia debe ejercerse teniendo en cuenta el fin de la paz.”

Mencionó que Chile es un convencido de la relación entre la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas a través de sus órganos la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y que esto promueve el estado de derecho, alienta el respeto a los derechos humanos y contribuye a alcanzar la paz y seguridad internacional de conformidad con el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Para Chile, la Corte Penal Internacional constituye la expresión más avanzada del desarrollo de la justicia penal internacional y representa una de las iniciativas de más relevancia de los últimos tiempos. Esto desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, la creación de la Corte constituye un gran paso en la lucha contra la impunidad y una clara muestra de que sus Estados Partes tienen un compromiso con la comunidad internacional para avanzar en este camino.

Por lo anterior, mencionó que nuestro país apoya firmemente el trabajo de la Corte Penal Internacional y aprovecha esta oportunidad para destacar el décimo aniversario de entrada en vigencia del Estatuto de Roma. Asimismo, dijo que acogían con beneplácito la primera sentencia dictada este año por la Corte Penal, lo que demuestra su funcionamiento.

Asimismo, se refirió a que Chile es un convencido de la necesidad de que el Consejo de Seguridad además de respaldar las decisiones en esta materia, debe dar seguimiento a las remisiones que haga a la Corte. Por estas razones Chile formuló una promesa relacionada con el desarrollo de legislación para cooperar con la Corte Penal.